San Salvador, ER, ARG - Mar. 20 Oct 20 | 23:28 hs   
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Un indito fallo protege la libertad de expresin de los policas
La Cmara Contencioso Administrativa nmero 2 de Concepcin del Uruguay sent un precedente judicial de enorme trascendencia al fallar contra el Estado Provincial jerarquizando el derecho a la libertad de expresin y pensamiento de un funcionario policial que haba dirigido una carta al entonces presidente Mauricio Macri denunciando la discriminacin que sufra por la cpula policial entrerriana al ser sistemticamente postergado de su carrera policial privndolo de los ascensos a que tiene derecho.
Un indito fallo protege la libertad de expresin de los policas

El fallo que carece de antecedentes en la historia judicial de los tribunales locales- lleva la firma de la presidenta del tribunal colegiado Mara Fernanda Erramuspe y del vocal Mariano Lpez (con la  abstencin del juez Federico Lacava), limita la potestad disciplinaria de la fuerza policial sobre sus subordinados al reconocer el derecho de peticionar ante las autoridades y de libertad de expresin y pensamiento de un boficial que se quej de manera privada y por conducto de una carta enviada por el Correo Oficial al Presidente de la Nacin sobre la segregacin arbitraria que padeca desde haca ms de 8 aos en su derecho a ascenso, an cuando el Poder Ejecutivo Nacional no tuviera competencia para entender en el planteo del funcionario.- La remisin de dicha carta origin la promocin de un sumario administrativo que culmin con la aplicacin de 15 das de arresto policial, cuyo funcionario slo alcanz a cumplir 2 das porque un mandato judicial le orden a la Polica suspender inmediatamente la ejecucin de la pena mientras se extendiera el proceso contencioso en marcha.-
Durante el proceso se haba cuestionado que el hecho que se le haba imputado al oficial (plantear cuestiones concernientes a la institucin policial sin respetar la va jerrquica propia de dicha institucin)no se hallaba prevista como una falta de conducta en el Reglamento General de Polica y como tal no era pasible de sancin alguna.- Los jueces determinaron que en el caso la definicin del comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos precisos  agregndose sobre el punto que En esas condiciones y, con relacin a los conceptos jurdicos indeterminados incorreccin o inconveniencia, contenidos en el art. 165 RGP, cabe sealar que dicho artculo responde a una descripcin que es vaga y ambigua y que no delimita claramente cul es el mbito tpico de la falta. La ambigedad en la formulacin de esta falta disciplinaria abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad disciplinaria ulterior de los agentes policiales y sancionar su conducta con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad ambulatoria y de expresin.
La sentencia que an no se halla firme- constituye un hito inaugural para los casos de funcionarios y agentes que se hallan sometidos a la rigidez, jerarqua y verticalidad de la estructura piramidal de la Polica, porque a pesar de estar sometidos voluntariamente a un rgimen especial tambin son titulares de derechos humanos fundamentales como el derecho a expresarse libremente.- Al citar numerosa jurisprudencia nacional e internacional, fundamentalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jueces interpretan, valoran y aplican Tratados Internacionales de DDHH (como la Convencin Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos) al sostener que a travs de la aplicacin de la sancin de arresto, se priv a.. del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresin, en relacin con las opiniones crticas que tena respecto de asuntos que le afectaban directamente y guardaban directa relacin con la forma en que las autoridades de la polica provincial cumplan con sus funciones pblicas en los procedimientos a los que se vio sometido.
Para el abogado constitucionalista y ex convencional, el sansalvadoreo Juan Carlos Arralde, que represent al funcionario policial el fallo es de una construccin jurdicamente exquisita porque logra sentar un antecedente indito en lo que refiere a los derechos humanos de los policas frente a los abusos en que muchas veces incurre la superioridad para sancionar a sus subordinados extralimitndose en sus atribuciones con excesos de punicin que carecen de toda cobertura constitucional.
Durante el proceso el abogado tambin haba planteado la inconstitucionalidad de la figura del arresto policial que prev la Ley 5654 para sancionar a sus agentes pero el fallo evit pronunciarse sobre el tema al otorgarle razn al polica demandante sobre el fondo de la cuestin planteada que era la ilegitimidad de la sancin aplicada y la falta de motivacin (ausencia de fundamentacin) del decreto que confirm la pena impuesta por el Jefe de Polica.-




 

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