Provinciales
04.12.2018 - 21:30 hs.       se leyó 97 veces
Senadores analizaron el Código Procesal de Familia y nueva ley de Ejecución de Penas
Se reunió este martes por la tarde la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores. Presidió el encuentro el Senador del departamento San Salvador, Lucas Larrarte y estuvieron presentes los senadores de Tala, Héctor Blanco, de Paraná, Raymundo Kisser, de Diamante, Rogelio Schild y de Nogoyá, Beltrán Lora. Los legisladores analizaron los proyectos de ley de Código Procesal de Familia y de Ejecución de Penas y medidas de seguridad.
Senadores analizaron el Código Procesal de Familia y nueva ley de Ejecución de Penas

Código Procesal de Familia

Cabe recordar que el proyecto ya contaba con despacho de comisión, pero no fue tratado en la última sesión y se decidió devolverlo al seno de la comisión. Explicaron esta tarde que una lectura profunda del último trabajo llevó a corregir una serie de remisiones para ordenar debidamente el sentido del texto.
Revelaron que hubo esta mañana un encuentro de trabajo con representantes del Colegio de Abogados de la provincia y con operadores Judiciales. “En ese encuentro, en el que estuvimos con el Senador Kisser (explicó Larrarte), se definió la necesidad de eliminar uno de los capítulos del proyecto, el número cinco.
Esto motivó que esta tarde se realizara una corrección integral del proyecto. El Capítulo eliminado era el referido a una etapa intermedia judicial del mediador de familia.
La eliminación, es a los efectos de la mejor aplicación del proyecto cuando se convierta en ley, explicaron.
Una vez acordado este nuevo texto podrá ser tratado en la próxima sesión de la Cámara, el 12 de diciembre. Además, adelantaron que habrá una nueva reunión de la comisión de legislación el martes 11 de diciembre a las 16, y media hora después se va a reunir la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Ejecución de Penas

Este proyecto viene con media sanción de la Cámara de Diputados y recibió una serie de modificaciones, por lo que volverá en revisión. Se trata del proyecto que propone para Entre Ríos una nueva LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Indica que el procedimiento se regirá de acuerdo a los principios del sistema acusatorio. Se asegurará la bilateralidad desde el inicio al fin del trámite. Al recibir el testimonio de la sentencia el Juez de Ejecución Penal deberá requerir al condenado la designación de abogado defensor, en el supuesto de que se negara u omitiera hacerlo se designará un Defensor Público.
Se apunta a que en la medida de lo posible los internos estarán alojados en establecimientos ubicados lo más cercano a la familia de los mismos.
En la discusión artículo por artículo se analizó lo relacionado a los niños, indicando que toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel. Para ello se deberá tomar respetando su superior interés, al igual que la decisión respecto al momento de separar al niño de su madre. En estos supuestos se deberá dar intervención al Organismo de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Competencia territorial

Los legisladores intercambiaron posturas en relación a la competencia territorial para los juzgados de Ejecución de penas. Se crea uno nuevo, con asiento en Concordia, que se suma a los ya existentes en Paraná y Gualeguaychú.
Con el nuevo ordenamiento el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Paraná tendrá   competencia   territorial   respecto   de   los   condenados   por   jueces   o   tribunales correspondientes a las Ciudades de Paraná, La Paz, Diamante y Victoria.
El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad Gualeguaychú tendrá competencia territorial respecto de los condenados por jueces o tribunales correspondientes a las Ciudades de Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Islas del Ibicuy y Nogoyá; y el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Concordia tendrá competencia territorial respecto de los condenados por jueces o tribunales correspondientes a las Ciudades de Concordia, San Salvador, Colón, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación y Chajarí.

 

 

 

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